Se trata una iniciativa
-enviada al Congreso en mayo de 2025 y aprobada en menos de cinco meses- que
modifica la Ley N° 19.040, elevando las sanciones para quienes presten
servicios de traslado sin autorización del MTT, además de quienes promuevan,
deriven o contraten estos servicios fuera de los mecanismos oficiales de los
terminales.
Por ejemplo, la normativa
establece que los conductores y propietarios de vehículos no habilitados para
el transporte de pasajeros podrán ser sancionados con multas que van de 5 a 100
UTM, y hasta 200 UTM en caso de reincidencia.
“Nos alegra enormemente el
trabajo realizado por nuestros legisladores, al acoger este proyecto y
tramitarlo con la celeridad necesaria, especialmente para fortalecer la
seguridad en nuestros terminales aéreos, los cuales no sólo son punto de
entrada y salida de pasajeros, sino también, son el acceso a ciudadanos de
diversas partes del mundo al país”, declaró el ministro de Transportes y
Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
Por su parte, el subsecretario
(s) de Turismo, Leonardo Latorre, indicó que “un 44% de los visitantes que
llegan a Chile lo hacen vía aeropuerto.
De ahí la importancia de este proyecto de ley,
ya que nos permite fortalecer el transporte oficial, así como a las propias
empresas de turismo u operadores, ya que se trata de organismos y sectores que
se capacitan y cumplen con la ley, además de entregar certidumbre a turistas
nacionales y extranjeros”.
Otras medidas de
la nueva ley y acciones complementarias
La norma recientemente
promulgada también contempla el retiro del vehículo en los casos de
reincidencia o incumplimiento grave, como una forma de evitar la continuidad
del servicio ilegal y desincentivar la oferta informal en los principales
puntos de ingreso al país.
Además, la ley obliga a que la contratación de servicios de movilidad se realice exclusivamente en counters oficiales dentro de los aeropuertos, donde el pago del viaje debe efectuarse antes de abordar, garantizando que el traslado se realice con un operador autorizado.
Esta medida se complementa con
la reciente implementación del sistema de cobro anticipado para taxis oficiales
en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, que permite calcular el
valor del viaje antes de subir al vehículo mediante el Validador Operacional de
Transporte (VOT).
"Este nuevo sistema de
pago anticipado es una medida concreta que mejora la experiencia de viaje y
fortalece la confianza de los pasajeros. Implementamos el VOT antes de la
promulgación de la ley porque entendemos que la transparencia y la seguridad en
el transporte oficial son esenciales para un aeropuerto de nivel
internacional”, declaró Nicolás Claude, gerente general de Aeropuerto Santiago
de Chile.
En este sentido, y desde su
puesta en marcha en junio de este año, cerca de 17 mil pasajeros han utilizado
este sistema, el cual reduce la incertidumbre sobre los precios y elimina el
riesgo de cobros indebidos.
Hacia un
transporte más seguro y regulado
Además, se transforma en una herramienta que permitirá promover una fiscalización más eficiente. Al respecto, el general Víctor Vielma, Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, explicó que la normativa “está orientada a todas las empresas que se dedican a este rubro dentro de la formalidad, siguiendo todas las exigencias de la ley para sus desplazamientos. Así que el llamado es a que todas las empresas y los pasajeros cumplan esta normativa.
Además, para
fiscalizar esta ley, vamos a mantener una presencia activa acá en el
aeropuerto”.
“La primera experiencia de quienes nos visitan se da aquí en el aeropuerto. Y requerimos, para ser un país competitivo turísticamente, que esa experiencia sea ordenada y transparente, y eso es lo que busca esta ley.
Nosotros como país, tenemos mucho que ofrecer al
mundo en materia de turismo, pero también requerimos recuperar la seguridad de
aquellos turistas, así que solamente valorar y agradecer esta iniciativa”,
declaró.
Con esta ley, Chile se suma a la tendencia internacional de regular con mayor firmeza el transporte de pasajeros en aeropuertos, reforzando los mecanismos de control y sanción frente a servicios informales que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y la imagen del país.

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